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POR UNA SANIDAD PÚBLICA Y DE CALIDAD.

DOMINGO 15 DE ABRIL A LAS 19.00 PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

Convoca: Comisión de Salud 15M

Evento en facebook: https://www.facebook.com/events/265665666855224/

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MANIFIESTO

El actual gobierno, lejos de conformarse con la acumulación de riqueza en manos de una pequeña oligarquía generando precariedad en la mayoría, ha profundizado en el expolio, y ha puesto sus ojos en los servicios públicos como negocio. Si no lo impedimos, sanidad, educación y los demás servicios sociales se convertirán en una presa más de los mercados.

No cabe duda alguna de que todas las “reformas” que desde hace años han venido introduciéndose en la gestión y prestación de la sanidad pública, han ido dirigidas a la derivación de recursos a empresas privadas, buscando, de esa manera, aumentar su volumen de negocio.

De esa forma, gobiernos (tanto centrales como autonómicos) de distinto signo político, han ido desmantelando y deteriorando la sanidad pública: infra presupuestándola aun en tiempos de bonanza, introduciendo “nuevas formas de gestión” y aumentando hasta el dislate los conciertos privados externos. Todo ello, convenientemente aderezado con las necesarias modificaciones legislativas, tanto a nivel estatal como autonómico, que han venido otorgando al proceso el necesario marco legal.

EXIGIMOS:

• Derogación de la Ley 15/97 de nuevas formas de gestión.
• Financiación suficiente y finalista.
• No al copago (repago), ni a la implantación de tasas o tiques moderadores.
• No a ninguna nueva Ley de Servicios Básicos que distinga entre prestaciones básicas (las que prestaría el SNS) y complementarias (que precisarían de una póliza privada de seguro).
• No al expolio del Patrimonio de la Seguridad Social, cuyos únicos titulares son los trabajadores.
• Rescate de los centros y servicios ya privatizados/externalizados (y de sus plantillas).
• No a la desgravación fiscal de los seguros sanitarios privados.
• Integración de todas las mutualidades de funcionarios en la sanidad pública (Muface, MUGEJU, ISFAS) y que las Administraciones Públicas tengan prohibido suscribir pólizas colectivas de seguros privados para sus trabajadores.
• Que la información sanitaria sea pública y se democratice la toma de decisiones (participación real de usuarios y trabajadores en la gestión sanitaria).
• Por un sistema de incompatibilidades en el Sistema Nacional de Salud.
• Responsabilidades penales ante toda decisión privatizadora que suponga, por acción u omisión, el deterioro de la Sanidad Pública o que provoque el aumento de la morbilidad/mortalidad en la población.
• Consideramos que las ingentes subvenciones con que las Administraciones Públicas y empresas privadas financian a partidos, sindicatos, asociaciones científicas y profesionales, etc., son el factor fundamental que explica el silencio y la parálisis que desde hace décadas mantienen todas estas organizaciones, ante los procesos de deterioro y privatización de la sanidad. En el caso de las Administraciones Públicas, dichas subvenciones se realizan a cargo del dinero de nuestros impuestos, por tanto, exigimos la anulación de éste tipo de subvenciones con el fin de preservar la independencia de las organizaciones frente al poder.
• El dinero de estas subvenciones debe ser destinado a investigación, promoción de la salud, prevención de la enfermedad y, atención primaria, que deberían ser prioritarias para el Sistema Nacional de Salud